Antecedentes:
En el mensaje a la Nación “Por un México en paz con justicia y desarrollo” del 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto expresó lo siguiente: “Pero la justicia no se agota, hay que decirlo, en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda...Esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad. A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas”.
El Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que organizara foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia.
Para dar contenido a la consulta, un equipo de profesores investigadores del CIDE, en su mayor parte de la División de Estudios Jurídicos de esa institución, se dio a la tarea de organizar el ejercicio. Para ello fue necesario definir su alcance, establecer un marco conceptual y metodológico, determinar los temas y las sedes donde se realizarían los foros, así como concertar acuerdos con una conjunto de instituciones que, por su mandato o ubicación geográfica, permitieran asegurar una amplia y plural participación.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con 17 instituciones desarrolló, por encomienda del Presidente Enrique Peña Nieto, un ejercicio plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y ordenada, los conflictos propios de la vida democrática.
El pasado 27 de abril el CIDE y las 17 instituciones participantes entregaron al Presidente de la República Enrique Peña Nieto el documento de la consulta y las recomendaciones en la materia.
El Presidente de la República expresó que el 80% de los asuntos de injusticia en México se ubican en el rubro de la Justicia Cotidiana.
Qué estamos haciendo en Chihuahua:
El año 2015 fue declarado por el Gobierno del Estado de Chihuahua como el AÑO DE LA JUSTICIA, con un claro cometido de evitar la injusticia y fortalecer el Estado de Derecho para la paz, la tranquilidad, la convivencia democrática y la prosperidad de los chihuahuenses.
El día 6 de noviembre de 2014 la diputada Laura Domínguez Esquivel presentó un exhorto con carácter de acuerdo al Poder Ejecutivo del Estado para diseñar, formular, convocar e implementar el Programa Permanente de Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua, como una política pública que integre la colaboración y coordinación de los poderes y organismos estatales y municipales con las organizaciones políticas, civiles, empresariales, educativas, sindicales, familiares y culturales en torno a los fines expuestos en el Programa Nacional.
Los Tres Poderes del Estado, en ejercicio de sus respectivas atribuciones y funciones, asumen el reto nacional y estatal para colaborar en el fortalecimiento de la cultura de legalidad y derechos humanos, fundamentos de la justicia, del bienestar y de la calidad de vida de la población, poniendo en marcha el Programa Estatal de Justicia Cotidiana y Derechos Humanos, abordando en primera instancia el tema de la justicia cotidiana.
Para dar inicio al cumplimiento de esta responsabilidad, se estableció un marco de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para organizar un ciclo de cinco conferencias sobre justicia cotidiana, con el propósito de conocer y poner en práctica las recomendaciones de dicha institución en la legislación e impartición de la justicia.
El Programa Estatal de Justicia Cotidiana y Derechos Humanos está dirigido a: sociedad abierta en general, organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas y de investigación en ciencias humanas y sociales, colegios de profesionistas, asociaciones religiosas, autoridades estatales y municipales, agrupaciones empresariales y gremiales. . .
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