EXHORTO PARA QUE SE EVALÚE LA PERTINENCIA DE LA ESTANCIA DE LA FUERZAS FEDERALES EN CIUDAD JUÁREZ

DIPUTACIÓN  PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.-

La suscrita, Laura Domínguez Esquivel, en mi carácter de Diputada a la  LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción I  de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo respetuosamente, ante esta Honorable Representación Popular, a efecto de presentar a su consideración Iniciativa con carácter de Acuerdo, por medio de la cual se gire atento exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que tramite, gestione y proponga ante las instancias nacionales de Coordinación en materia de seguridad pública, la reducción y/o el retiro de las fuerzas de seguridad federales,  examinando este planteamiento con objetividad y buscando siempre el interés superior de la tranquilidad de la población del municipio de Juárez, basándome para ello en la en los términos de la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

SI USTEDES ME PERMITEN, DARÉ LECTURA A UNA PARTE DEL DOCUMENTO, SOLICITANDO QUE EL RESTO SE INCLUYA Y FORME PARTE DEL DIARIO DE LOS DEBATES, ENTREGANDO AL TÉRMINO DE LA LECTURA LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE.

Durante las últimas semanas se ha levantado una preocupante inquietud entre la población del Municipio de Juárez por el incremento notable de las fuerzas armadas y de seguridad pública del orden federal. Cada día aumentan las quejas de ciudadanos, comerciantes, prestadores de servicios, industriales y de cientos de familias juarenses por los abusos de supuestos elementos de las corporaciones federales de seguridad pública e investigación de los delitos.

En el ámbito competencial del fuero federal, la investigación de los delitos federales y la persecución de los presuntos responsables, sobre todo tratándose de tráfico de estupefacientes, requiere necesariamente de la presencia de las fuerzas federales de seguridad pública, sin embargo el sentir de diversos sectores de la población, su actuar está generando nuevamente actos de molestia a la ciudadanía,  y propiciando delitos tales como la extorsión y otros derivados del mismo, los cuales ya habían sido erradicados de esa ciudad fronteriza, esto ha generado actualmente un clima de inconformidad y protesta que cada vez se extiende más entre todos los sectores y actividades de los juarenses.

La experiencia nos  ha demostrado  que más policías, más armamento y más fuerza policial y militar en la zona fronteriza del estado de Chihuahua es contraproducente, pues queda más que experimentada la escalada de violencia, de violación a los derechos humanos, los actos de molestia a los habitantes y la comisión de delitos, que van directamente proporcional a la creciente presencia de fuerzas federales de seguridad.

La memoria histórica es inequívoca: la fuerza para combatir a la delincuencia organizada tuvo y tiene el efecto de organizar a la delincuencia desorganizada; la estrategia que en el pasado reciente declaró la guerra a las organizaciones criminales fue la causa de miles de muertes y de inseguridad general que afamó a Juárez como la ciudad más violenta del mundo. Lo cierto es que la ciudad quedó a merced de la violencia de los “Unos y los otros” y las actividades económicas, productivas, sociales y la convivencia misma de una comunidad pacífica y trabajadora, fue herida en lo más hondo de su sensibilidad y de la normalidad de la vida pública de la frontera; situación que por ningún motivo se debe repetir.

Gracias al nuevo marco de seguridad nacional y al propio sistema de seguridad estatal, Juárez ha podido recuperar su vida pública y el ejercicio de los derechos fundamentales; se restauraron las condiciones para la inversión productiva y el empleo; se redujeron sustancialmente los delitos de secuestro y extorsión, el robo, los homicidios y los demás del fuero tanto federal como estatal. 

Sin embargo, las estrategias implementadas recientemente por las fuerzas armadas, están  generando nuevamente un clima de incertidumbre entre los habitantes de Juárez; pues de nueva cuenta se está causando inquietud el hecho que diariamente se presenten quejas de abusos policiales, al parecer por parte  de las fuerzas,  federales cometidos en perjuicio de de la ciudadanía, lo que propicia que se vulnere en esa frontera de Juárez, el ambiente de paz, orden, trabajo y armonía, que con tantos esfuerzos tanto de los diversos ordenes de gobierno como de los propios ciudadanos se ha logrado durante los últimos años.

Por tal motivo, es de vital importancia que se analice y examine el planteamiento en comento,  de igual forma se deslinden las causas y responsabilidades, así como la  redefinición del marco de coordinación nacional y estatal en materia de seguridad pública, y sobre todo la  presencia de las fuerzas armadas federales en la zona fronteriza.

Bajo ese esquema deberá de revisarse la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por su parte, el Artículo 24 de la citada Ley establece la creación del Consejo de Seguridad Pública como la máxima instancia de deliberación, consulta y deliberación de políticas públicas del Sistema y se integrará por:

ARTÍCULO 24. El Consejo Estatal de Seguridad Pública será la máxima instancia de deliberación, consulta y definición de políticas públicas del Sistema y estará integrado por:

1. I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá; 
2. II. El Fiscal General del Estado;
3. III. Cuatro presidentes municipales;
4. IV. Un representante de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, solo con derecho a voz;
5. V. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública quien fungirá como Secretario del Consejo, solo con derecho a voz;
6. VI. Seis representantes de la sociedad civil, y
7. VII. El secretario adjunto, solo con derecho a voz.

Por otra parte,  el Gobernador del Estado forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el Presidente de la República, en los términos de la Fracción VII del Artículo 12 de la  Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública.

Las gestiones, trámites, peticiones y propuestas que realice el Gobernador del Estado para dar cumplimiento al planteamiento en comento, habrán de realizarse a través de las siguientes instancias:

1. a) El Consejo Estatal de Seguridad Pública;
2. b) El Consejo Nacional de Seguridad Pública, y
3. c) Propuestas ante los titulares y/o responsables de las fuerzas armadas y policiales federales.

Por los motivos y fundamentos legales expuestos, y con fundamento en los artículos 57, 58 y 68 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como 97 , 98 y 99 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de: 

ACUERDO

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, exhorta respetuosamente al  Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que  de  considerarlo pertinente, convoque al Consejo Estatal de Seguridad Pública, para recabar y decidir la formal petición a las instancias nacionales de coordinación en seguridad pública respecto de la reducción y/o el retiro de las fuerzas de seguridad publica federales. Asimismo, plantee el asunto al Consejo Nacional de Seguridad Pública del que forma parte; y que sin perjuicio de ambas acciones, exponga  y gestione la salida ordenada e inteligente de las  fuerzas federales de seguridad pública de la fronteriza ciudad Juárez, analizando esta posibilidad de manera  objetiva  y buscando siempre el interés superior y la tranquilidad de la población del municipio de Juárez.

ECONÓMICO.-  Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de Acuerdo correspondiente y la remita a las autoridades competentes.

DADO en la Sala Morelos, del Palacio del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua a los 13 días del mes de Septiembre del año 2016.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL