H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-
Laura Domínguez Esquivel, en mi carácter de Diputada a la
Sexagésima Cuarta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones que me confiere lo
dispuesto por el Artículo 68, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, acudo ante esta Honorable Representación
Popular, para presentar Iniciativa con carácter de Acuerdo, a efecto de
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic. César Duarte Jáquez,
implemente un Programa Permanente de Protección de los Derechos Humanos en el
Estado de Chihuahua. Lo anterior, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.- Nos
encontramos en el marco del Pacto Nacional contra la Violencia
que el Presidente de la República Enrique Peña Nieto convoca al país, y en un
momento en que distintos organismos internacionales y la propia realidad
mexicana nos exige a todas y todos la asunción de compromisos concretos y
factibles de coordinación y colaboración del Estado y la Sociedad Civil para
combatir con eficacia la violencia en todos sus géneros y variantes.
En un
contexto en que las reformas estructurales recientemente aprobadas por el
Congreso de la Unión apuntan a generar un crecimiento económico que promuevan
la inversión y el empleo, la criminalidad y la violencia se alzan como diques
de maldad que debilitan el liderazgo de México en el concierto internacional.
Una de las
recomendaciones recurrentes dirigidas a los gobiernos y organismos especializados
estatales, nacionales e internacionales es el de los derechos humanos, cuya
violación no es por desgracia un asunto aislado ni reducido a una causa
específica, sino, por el contrario, la contravención a la dignidad humana y a
las libertades y derechos fundamentales de las personas, grupos, géneros y
comunidades, es una realidad que no debemos soslayar, so pena de que no
atenderlo con oportunidad y pertinencia, genere un ambiente que atente contra
la paz, la seguridad y la normalidad económica, cultural y social del país y en
nuestro caso, del Estado y sus comunidades, pueblos y regiones.
Si bien es
cierto que en materia de defensa de los derechos humanos funciona la Comisión
Estatal, ello no excluye la responsabilidad institucional y colectiva de que
los derechos humanos, su salvaguarda y garantía, que todas y todos tenemos en
esta trascendental tarea de fortificar los fundamentos de una sociedad abierta,
plural y democrática donde la paz, la seguridad, el respeto mutuo, la
tolerancia y el diálogo sean los medios para afrontar nuestros problemas de
manera pacífica y civilizada.
II.- Así como la competitividad económica es
un desafío de México y de Chihuahua como parte de la responsabilidad global y
de la necesidad de generar inversiones productivas, empleos y calidad de vida,
dicha competitividad debe entenderse también en el sentido de que debemos ser
una sociedad de valores cívicos y éticos que cimienten el régimen democrático y
refuercen la participación cívico-política en un ambiente de respeto a la legalidad
y al Estado de derecho, de tal manera que en estos pilares se funda este Punto
de Acuerdo.
Por un lado,
que el estado de Chihuahua asuma de inmediato el llamado del Presidente de la
República a forjar un Pacto Nacional contra la Violencia y en el apremio de
reforzar los mecanismos institucionales y sociales a favor del Estado de
derecho y del cumplimiento de nuestras leyes y reglamentos.
Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado, así como por los artículos 97 y 98
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración
de esta Asamblea, el siguiente proyecto de
ACUERDO
ÚNICO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado exhorta de la manera más comedida al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, Ciudadano César Duarte Jáquez, a diseñar, formular, convocar e
implementar el Programa Permanente de Protección de los Derechos Humanos en el
Estado de Chihuahua, como una política pública que integre la colaboración y
coordinación de los poderes y organismos estatales y municipales con las
organizaciones políticas, civiles, empresariales, educativas, sindicales,
familiares y culturales en torno a los fines expuestos en el Programa Nacional.
ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que
elabore la minuta de Acuerdo en los términos en que deba enviarse.
D A D O en el Recinto Oficial de la Sede del Poder Legislativo, a los seis días del mes de noviembre del año dos
mil catorce.
Atentamente
Diputada Laura Domínguez Esquivel
